Gobernador y organizaciones exigen justicia tras la muerte de Diego Ignacio Paz a manos de la policía municipal

Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, murió en la madrugada del pasado día 31 de agosto después de ser herido por disparos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino. El trágico incidente ha desencadenado un fuerte clamor por justicia y una revisión exhaustiva de las acciones policiales involucradas.

Según el informe oficial de la policía, Paz y un acompañante, identificado con las iniciales CJRM, intentaron evadir un operativo de alcoholímetro en la avenida Lázaro Cárdenas y en su intento de fuga arrollaron a un agente. Tras abandonar el vehículo, fueron detenidos por las autoridades. Mientras CJRM fue presentado ante la autoridad, Paz fue llevado al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso donde, lamentablemente, falleció a causa de las heridas de bala.

El reporte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) no menciona explícitamente que los policías dispararon contra los jóvenes, aunque se confirma que Paz presentaba heridas de bala. La fiscalía ha detenido al agente identificado con las siglas ARP para investigar su implicación en el caso y se están realizando pruebas al arma que portaba.

Fuentes de la FGE han señalado que se han detectado inconsistencias en el informe policial. Familiares y amigos de las víctimas han denunciado que los jóvenes fueron agredidos después de un altercado con un oficial del alcoholímetro, quien supuestamente exigió dinero para dejarlos pasar. La denuncia asegura que los jóvenes fueron perseguidos por la policía, golpeados y, finalmente, el estudiante Paz fue disparado a quemarropa.

La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) ha expresado su condena por el asesinato y ha iniciado una investigación formal. La organización ha subrayado su preocupación por el abuso policial en la región y ha instado a una revisión exhaustiva de las prácticas policiales.

El gobernador Salomón Jara ha calificado el incidente como un asesinato y ha demandado una investigación exhaustiva. También se ha sumado a la exigencia de justicia la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversas organizaciones sociales, que han pedido que se investigue el caso como una posible ejecución extrajudicial.

Este caso resalta la creciente preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y ha intensificado el llamado a la rendición de cuentas en Oaxaca, especialmente tras la reciente legislación que establece sanciones severas para abusos policiales.