El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Economía Circular, con la cual se busca incrementar la vida útil de los productos, minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

A partir de este martes, el decreto entra en vigor. De acuerdo con lo establecido, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días naturales para expedir el reglamento o los reglamentos correspondientes de la Ley General de Economía Circular.

Para coordinar las acciones entre los tres órdenes de gobierno, la ley prevé la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, el cual estará bajo la conducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este sistema estará integrado por las secretarías de Economía; Hacienda y Crédito Público; Energía; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como por representantes de cada entidad federativa a través de las dependencias responsables de medio ambiente y recursos naturales.

Asimismo, la normativa establece la elaboración de un Programa Nacional de Economía Circular, cuyo objetivo será integrar, coordinar e impulsar políticas públicas, subprogramas, proyectos y actividades alineadas con los principios de esta materia. Dicho programa deberá publicarse en el DOF en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la publicación del reglamento de la ley.

La ley también contempla la creación de un distintivo nacional para identificar productos que cumplan con los principios y criterios de la Economía Circular. Este distintivo deberá ofrecer información veraz, verificable y accesible a las personas consumidoras y tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de renovación.

En lo que respecta a los rellenos sanitarios autorizados, se establece que, a partir de la entrada en vigor de la ley y dentro de un plazo de cinco años con posibilidad de prórroga mediante acuerdos específicos, deberán iniciar un proceso progresivo de reconversión para cumplir con las metas de reducción de la disposición final de residuos y favorecer su integración al Modelo Nacional de Economía Circular.

Finalmente, el decreto incluye reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el fin de armonizarlas con el nuevo marco legal.