Con la Ley Antiamparo se estarían modificando los artículos 105 y 107

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la llamada Ley Anti Amparo, tras un extenso debate de cinco horas. Esta legislación, que deriva de las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución, fue avalada con 12 votos a favor y 5 en contra, y ahora pasará al Pleno del Senado para su discusión y posible aprobación final.

La Ley Anti Amparo propone cambios sustanciales en el sistema de amparo. Entre las modificaciones, se busca impedir que se presenten controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución, limitando el alcance de las sentencias de amparo a quienes lo soliciten. Asimismo, se prohibirá el uso del amparo contra reformas constitucionales, marcando un giro importante en la protección de derechos constitucionales.

Aunque Morena eliminó una controvertida reforma al artículo primero de la Constitución, que habría impedido la inaplicación de normas sobre derechos humanos, la oposición se mantiene crítica frente a la Ley Anti Amparo. Senadores del PRI y PAN argumentaron que la reforma sigue violando el acceso de los ciudadanos a los tribunales para la defensa de sus derechos humanos, una protección garantizada por tratados internacionales como el Pacto de San José.

Líderes opositores, como el senador del PAN Marko Cortés, acusaron a Morena de buscar consolidar un control autoritario, eliminando uno de los mecanismos clave de revisión judicial. Para Cortés, esta medida representa un ataque directo contra la democracia al privar al Poder Judicial de su capacidad de revisar la constitucionalidad de las leyes.

Por otro lado, Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, defendió la propuesta. Argumentó que la reforma ofrece mayor certeza jurídica y evitará que jueces y magistrados utilicen el amparo para frenar reformas importantes para el país. Según López Hernández, la Ley de Amparo ya prohíbe su uso contra reformas constitucionales, por lo que esta legislación sólo clarifica y fortalece el marco legal actual.